Drogas en el mar: abordaje, pabellón y jurisdicción

Tres decisiones que se toman en las primeras horas después de un abordaje

Cuando una embarcación es abordada en el mar, la primera decisión que enfrenta quien va a bordo es qué dice. Los agentes preguntan por la carga, por el rumbo, por el propietario, por quién mandaba. Cada respuesta se anota, y todas se contrastan con lo que se halle en el buque y con lo que declaren los demás. Quien contesta con prisa y sin intérprete corre el riesgo de fijar una versión que luego no podrá matizar. Callar, en cambio, tiene el coste de parecer poco colaborador, pero evita contradicciones. El derecho a un abogado y a un intérprete se tiene desde el primer momento, y conviene pedirlos.

La segunda es qué firma. Las actas del abordaje, los inventarios de lo hallado y las declaraciones pueden estar redactadas en un idioma que no domina. Firmar sin entender es aceptar un texto que no ha comprobado. Hágalo constar y pida copia. Negarse a firmar no es un delito y puede anotarse el motivo.

La tercera es cómo se actúa respecto del país que acabará juzgando. Como la competencia depende en gran medida del pabellón del buque y del intercambio entre Estados, conviene que la defensa se plantee pronto qué país es el probable y qué abogado se necesita allí. Esperar a que se decida puede suponer semanas sin defensa propia. El precio de moverse pronto es asumir gastos antes de tener certeza; el de esperar es llegar tarde a actos que ya se han realizado.

Quién llega a esta página y desde qué cubierta

La primera situación es la de un tripulante. Contratado para una travesía, un traslado de embarcación o una campaña de pesca, descubre a bordo que la carga no es la que creía, o que no la conocía, y la intervención de una autoridad en el mar lo convierte en sospechoso. Habla otro idioma, a veces tiene una relación laboral precaria, y no sabe quién es el responsable ni qué se le atribuye. Su pregunta es dónde estará y quién le defenderá.

La segunda es la de la familia en tierra. Ha perdido el contacto con su pariente embarcado, o recibe una noticia vaga de una operación en el mar, y no sabe a qué país han llevado el buque, a qué puerto y a qué autoridad. Necesita localizar a la persona, entender qué autoridad lleva el asunto y encontrar un abogado en el lugar donde esté. La dificultad principal es que, en alta mar, el rastro depende de decisiones entre Estados que tardan en conocerse.

La tercera es la del armador, el capitán o el propietario de una embarcación de recreo, que recibe la noticia de que su buque ha sido interceptado. Debe decidir qué hace con la tripulación, con el seguro y con la carga, y a quién avisa. Teme que sus decisiones se interpreten como parte del asunto. En las tres situaciones, entender que la jurisdicción depende del pabellón y de la autorización entre Estados es el primer paso para ordenar la defensa.

Lo que un abordaje cambia en las semanas siguientes

La primera consecuencia es la pérdida de control sobre el tiempo. Un buque abordado puede ser conducido a un puerto distinto del de destino, y las personas a bordo quedan a disposición de la autoridad que lo haga, sin saber a menudo cuánto durará el traslado ni dónde terminará. La familia puede pasar días sin noticias claras, y la comunicación depende de los canales que la autoridad permita.

La segunda es la económica. El buque y la carga se intervienen, con todo lo que ello implica para el propietario, el armador y los seguros. Los salarios de la tripulación se interrumpen, y la persona implicada puede encontrarse sin ingresos mientras necesita pagar abogados en un país que no es el suyo. Los contratos de trabajo marítimo y las condiciones de repatriación se complican, y conviene revisarlos con el abogado desde el principio.

La tercera afecta al oficio. Quien trabaja en el mar depende de sus documentos de navegación, y un procedimiento por drogas puede afectar a su capacidad de embarcar en el futuro, incluso antes de una sentencia. Hay armadores que no contratan a quien figura en un expediente de este tipo. También cambia la vida personal: los viajes se restringen, los desplazamientos entre puertos se vuelven un riesgo y la reputación en un sector pequeño puede resentirse. Hablar de todo ello con el abogado permite planificar lo que sea posible y evitar sorpresas.

Gestos que complican la situación de quien estaba a bordo

• Explicar la carga o el rumbo sin abogado ni intérprete. Lo dicho en el momento se compara con el resto de pruebas, y una explicación apresurada puede producir contradicciones.
• Tirar objetos al mar o intentar destruir documentos. Se interpreta como ocultación y agrava la situación, además de poder constituir otro hecho.
• Coordinar versiones con otros tripulantes. Los relatos casi idénticos despiertan sospechas, y cada uno debe contar lo que sabe y lo que vio.
• Firmar actas o inventarios en un idioma que no entiende. Pida traducción y deje constancia de su dificultad.
• Asumir toda la responsabilidad por lealtad o por miedo. Una declaración así, hecha sin consejo, tiene efectos que no se pueden revertir fácilmente.
• Aceptar ofertas de intermediarios que prometen «arreglar» el asunto. Es una forma frecuente de estafa a familias angustiadas.
• Publicar la noticia en redes. Se difunde con rapidez y puede llegar a las autoridades de varios países.

El miedo en el mar es particular, porque la persona está lejos de todo lo conocido. Por eso conviene tener una sola persona de confianza en tierra que coordine la información.

Si alguien le pide en el mar o en el puerto que firme o diga algo «para acabar antes», recuerde que acabar antes no es acabar mejor. Lo que se firma en una cubierta o en un muelle, con prisa y sin intérprete, es lo más difícil de corregir después. Pedir un abogado y un intérprete tiene un coste de espera que suele ser mucho menor que el de una declaración mal entendida.

Los papeles y datos que ayudan a ubicar el asunto y la defensa

En un asunto marítimo, los primeros datos permiten decidir qué país lleva el caso y quién debe defender. Reúna lo siguiente.

• Los datos del buque: nombre, tipo, bandera o pabellón, puerto de registro, propietario, armador. Es el primer elemento que determina la jurisdicción.
• El contrato de embarque de la persona implicada, con su función a bordo, la empresa contratante, las condiciones y la fecha.
• La documentación de navegación y de identidad: pasaporte, libreta de navegante, títulos, certificados médicos de aptitud.
• El rumbo y las escalas conocidos: puertos de salida y de destino, fechas, y cualquier cambio de ruta que la persona recuerde.
• Las comunicaciones con la empresa, el capitán o la familia antes y durante la travesía, con fecha, sin borrar.
• Los datos de contacto de la familia en tierra y de una persona de enlace, con teléfono y correo.
• Información médica relevante, si la persona necesita tratamiento durante el traslado o la detención.

Si no dispone de alguno, indíquelo tal cual: el abogado sabrá cómo conseguirlo por el canal adecuado.

Hay datos que la persona implicada puede recordar y que los demás no tienen: el nombre de quien le contrató, quién le dio instrucciones, qué cargas llevó antes, qué tripulantes conoce. Anótelos por separado, solo para el abogado, con fechas aproximadas, y marque qué parte es recuerdo seguro y qué parte es suposición. Esa diferencia ayuda al defensor a no afirmar nada que no pueda sostener. Si la persona está incomunicada, la familia puede reunir lo que sepa por las llamadas anteriores y los mensajes guardados.

Cuando el buque, la tripulación y los jueces pertenecen a países distintos

El mar es el escenario en que más claramente se superponen los países. El buque lleva una bandera, la tripulación proviene de varios Estados, el puerto de destino es de otro, y la autoridad que interviene puede ser de un cuarto. La regla central es que en alta mar un buque queda sujeto a su Estado de pabellón, y que otro Estado que sospeche de él puede pedir autorización para abordarlo. De ese intercambio, que a menudo se resuelve en horas, depende quién juzgará. Después, el procedimiento puede tramitarse en el Estado que abordó, en el de pabellón o en otro, y el desenlace de esa decisión afecta a todo.

En la práctica, esto significa que la defensa debe coordinarse entre abogados de varios países, que los documentos necesitarán traducción y legalización, y que la información circulará con lentitud. Las declaraciones tomadas por una autoridad pueden utilizarse por otra, así que conviene saber qué se ha dicho y ante quién. Las diferencias horarias entre los puertos, los países y la familia complican las llamadas.

El consulado del país de la persona implicada, o el más cercano, puede visitarla, verificar sus condiciones y avisar a la familia, pero no actúa en el procedimiento. Para tripulaciones multinacionales, cada persona tendrá su propio consulado, y la coordinación de defensas puede requerir cuidado si los intereses difieren. Un único hilo de comunicación entre los abogados, con fechas y nombres uniformes, evita contradicciones.

Cómo coordina el estudio una defensa que empieza en el mar

El primer contacto puede llegar desde cualquier lugar, a cualquier hora, por teléfono, mensajería o correo electrónico. Indique quién está implicado, qué buque es, qué se sabe del abordaje y dónde se cree que está la persona. El estudio atiende en español y, con los datos del buque, empieza por determinar qué Estado puede llevar el asunto y qué autoridad ha intervenido.

La primera conversación sirve para fijar los hechos conocidos, comprobar si la persona ha declarado algo y acordar qué hacer mientras se localiza. El estudio busca a un defensor de confianza en el país donde se tramite el asunto y comparte con él la información. Se organiza, si es necesario, la presencia de un intérprete. La familia designa una sola persona de enlace y recibe información clara sobre lo que puede y no puede hacer.

Los honorarios se acuerdan por escrito y por fases, distinguiendo el trabajo del estudio del de los abogados de otros países. Las sedes de Roma, Milán y Nápoles permiten acudir a las oficinas italianas si el asunto se tramita o se conecta con Italia. No se prometen resultados: se explican las posibilidades, se coordina la defensa y se respeta la decisión de la persona y de su familia.

Si el buque pertenece a una empresa o a un armador, el estudio puede reunirse también con quien lo represente para evitar que su defensa y la de la persona a bordo se estorben.

Preguntas que ayudan a ubicar la jurisdicción y la defensa

• ¿Qué bandera tenía el buque y qué Estado dio la autorización para el abordaje? ¿Cómo lo averiguamos?
• ¿En qué aguas se produjo la interceptación: territoriales de un Estado, alta mar? ¿Cambia eso quién juzga?
• ¿Si el buque carecía de nacionalidad, qué consecuencias tiene para la jurisdicción y para la protección de la tripulación?
• ¿Dónde será conducida la persona y qué autoridad la custodiará? ¿Cuándo comparecerá ante un juez?
• ¿Qué derechos tiene a abogado, intérprete y comunicación con su consulado y su familia?
• ¿Qué diferencia existe entre la posición del capitán, la de la tripulación y la del propietario?
• ¿Qué papel tienen las pruebas obtenidas a bordo y cómo pueden discutirse?
• ¿Existe riesgo de ser juzgado en más de un país por los mismos hechos?
• ¿Cómo se coordina la defensa entre abogados de países distintos?

Pida que cada respuesta indique qué ordenamiento la sustenta, porque en estos asuntos las reglas cambian de un Estado a otro.

Algunas de estas preguntas tardarán en tener respuesta, porque dependen de decisiones entre Estados que no controla ni la persona ni su abogado. Pida que se le explique qué parte de la espera es inevitable y qué parte puede acortarse con documentos o con gestiones concretas. Pregunte también quién informará a la familia de cada novedad y por qué canal, porque en los asuntos marítimos la información suele llegar por varias vías contradictorias y conviene tener una fuente de referencia.

Palabras italianas y marítimas que aparecerán en la documentación

Los papeles de estos asuntos mezclan lenguaje jurídico y marítimo. Estas son las expresiones más frecuentes.

• Bandiera: el pabellón, es decir, la nacionalidad del buque, de la que depende el Estado que ejerce jurisdicción sobre él en alta mar.
• Abbordaggio: la subida a bordo de un buque por parte de una autoridad para inspeccionarlo, que en alta mar requiere autorización del Estado de pabellón.
• Alto mare: la zona marítima fuera de las aguas territoriales de cualquier Estado.
• Acque territoriali: las aguas sujetas a la jurisdicción del Estado ribereño.
• Equipaggio: la tripulación, cuyos miembros pueden tener posiciones y responsabilidades distintas.
• Sequestro: la intervención del buque, de la carga o de otros bienes.
• Rogatoria: la petición de una autoridad judicial a la de otro país para obtener pruebas o notificar actos.
• Sbarco: el desembarco de las personas y de la carga en un puerto, tras el cual se tramita el procedimiento.

Si un documento incluye otra expresión, envíela al abogado tal como figura.

Observe que en estos documentos conviven términos de derecho y de navegación, y que un error de traducción en cualquiera de los dos puede cambiar el sentido de una frase. Si encuentra una expresión que parece decir algo distinto en el original y en la traducción, pida al abogado que la compruebe. En asuntos de jurisdicción, una palabra como bandera, aguas o autorización puede ser el eje del debate, y su sentido exacto importa.