Cuando la policía quiere el móvil: claves, copias y límites

Qué decidir en el momento del registro y después

Cuando alguien tiene el teléfono en la mano y pide el código, las bifurcaciones se concentran en pocos minutos. Cada una tiene un precio que conviene conocer antes de que llegue ese momento.

Una es si facilitar la clave de desbloqueo. La obligación de hacerlo es una cuestión discutida en toda Europa, con consecuencias distintas según el país, y debe decidirse con un abogado y no durante el registro. Entregarla acelera el procedimiento y puede mostrar buena fe, pero abre todo el contenido, incluido lo que no tiene nada que ver con el asunto. Negarse no equivale a una confesión, y los agentes intentarán la extracción por medios técnicos de todos modos, aunque eso lleva tiempo y no siempre funciona.

Otra es si consentir una copia voluntaria. Ofrecerla de forma espontánea puede parecer razonable, pero es un acto que no se puede repetir igual, y conviene pedir que se documente cómo se hace y con qué herramienta, y que el defensor o un técnico de confianza esté presente cuando sea posible.

Queda la cuestión de lo que se dice mientras tanto. Explicar de palabra qué hay en el teléfono, qué cuentas se usan o quién más lo maneja equivale a una declaración, y se recoge como tal.

• Clave: entregar o negarse, con asesoramiento previo.
• Copia: consentir o pedir que se haga con garantías de método.
• Palabras: no explicar el contenido sin defensa presente.

Quién llega a esta página y en qué circunstancias

La persona que busca cómo actuar cuando la policía quiere su móvil casi siempre está en una de estas situaciones, y cada una pide una respuesta distinta.

Una es la de quien acaba de pasar por un control, en un aeropuerto, una frontera o una carretera, y los agentes le han pedido el teléfono y el código. Está nervioso, no sabe si puede negarse, y teme que el rechazo se interprete como señal de culpa. Quiere saber qué ha firmado y qué ocurre con el aparato.

Otra es la de quien ya no tiene el teléfono: se lo han intervenido en un registro o en una detención, y se lo han llevado. Lo necesita para trabajar, para hablar con su familia, para acceder a sus cuentas, y no sabe cuándo ni en qué estado se lo devolverán.

Otra es la de quien recibe un papel en el que consta un extracto de conversaciones que, según el acusador, prueban algo. Algunos mensajes son reales, otros están fuera de contexto, y no sabe cómo rebatirlos.

Hay además una situación, cada vez más frecuente: el dispositivo lo usan varias personas, como una pareja, unos socios o una familia, y la policía atribuye todo su contenido a una sola. Necesita explicar quién hizo qué.

En todas, el denominador común es que la prueba más importante está en un aparato pequeño y que las decisiones iniciales sobre él pesan más que casi cualquier otra.

Lo que cambia en la vida diaria cuando falta el teléfono

Quien ha perdido el teléfono por una intervención descubre en pocas horas cuánto de su vida pasaba por él. El efecto práctico se nota antes que el jurídico.

El trabajo es lo que antes se resiente: el correo, la agenda, las aplicaciones de empresa, los códigos de verificación adicional para acceder a sistemas. Sin el aparato, quien depende de él para cobrar o para entrar a su puesto queda bloqueado. La banca móvil también falla: muchas operaciones requieren confirmar desde el teléfono, y recuperar el acceso en otro dispositivo lleva trámites.

La comunicación familiar se complica. Los contactos están en el teléfono, las fotos y los documentos escaneados también. Para recuperar el número hay que pedir un duplicado de la tarjeta a la compañía, y eso no debe hacerse sin antes consultar, porque cambiar o anular cuentas a distancia puede interpretarse como una manipulación de los datos.

Hay un efecto menos visible: todo lo que estaba en la nube puede estar accesible a la autoridad aunque el aparato no esté. Conviene saber qué cuentas se sincronizan y qué se ha compartido.

• Trabajo y banca: prever accesos alternativos por canales legítimos.
• Contactos: recuperar los números esenciales a través de familiares.
• Cuentas en la nube: no modificarlas ni borrarlas a distancia.
• Plazos: apuntar fechas importantes que estaban solo en el aparato.

Lo que no hay que hacer con el aparato y con las cuentas

Los errores con un teléfono investigado son casi siempre gestos rápidos, hechos con la intención de proteger la intimidad, que acaban interpretándose como ocultación.

• No borrar mensajes, fotos ni aplicaciones antes del registro ni después. La eliminación deja rastro técnico y puede considerarse obstrucción, además de destruir material que a veces favorece.
• No restablecer el aparato de fábrica ni borrarlo a distancia. Se detecta y empeora la posición.
• No cambiar contraseñas de las cuentas vinculadas para impedir el acceso. Puede leerse como un intento de alterar la prueba.
• No entregar la clave ni explicar el contenido sin consultar. Lo dicho en el momento queda en el acta.
• No firmar el acta del registro sin leerla. Describe qué se ha cogido y cómo, y es la base para discutir luego la regularidad del acto.
• No comentar el asunto por mensaje con otras personas implicadas. Esas conversaciones pueden ser el siguiente material a examinar.

La razón común es que el contenido de un teléfono se interpreta con una lectura posterior y fría, y los gestos de pánico se leen mal.

Si ya se ha cometido alguno de estos gestos, no debe ocultarse al defensor: es mejor que lo sepa desde el principio para poder anticiparse a cómo lo presentará la acusación. Un error reconocido a tiempo se explica; el que se descubre después, no.

Qué anotar y conservar sobre el dispositivo

Un dispositivo no acredita por sí mismo quién hizo qué. Para discutirlo, la defensa necesita datos sobre cómo se usaba, y esos datos conviene reunirlos pronto.

• Datos del aparato: marca, modelo, número de serie o IMEI si consta en la caja o en la factura, y la tarjeta SIM que llevaba.
• Factura de compra o contrato de la línea, que acreditan a nombre de quién estaba y desde cuándo.
• Lista de personas con acceso al aparato: pareja, hijos, compañeros de trabajo, quién conocía el código y desde cuándo.
• Cuentas asociadas: correo, mensajería, redes, almacenamiento en la nube, y a nombre de quién están.
• Copias de seguridad existentes, con su fecha, porque permiten contrastar el contenido.
• Acta del registro o de la intervención, con la hora, quién estuvo presente y qué se llevaron.
• Hora y circunstancias en que se entregó el aparato, anotadas cuanto antes, mientras se recuerdan.

Con estos datos, el defensor puede plantear si el contenido se atribuye a una persona concreta con razón o solo por la costumbre de asociar un teléfono a su dueño.

Estas anotaciones deben hacerse cuanto antes y por escrito, con fecha. La memoria cambia con el tiempo y los detalles que hoy parecen evidentes, como quién tenía el aparato aquella tarde, pueden ser decisivos para discutir una atribución. Anótese también quién más conoce esos hechos y puede confirmarlos.

Cuando los datos, la persona o el aparato cruzan fronteras

Un teléfono moderno es un objeto internacional: se compra en un país, se usa en otro, guarda datos en servidores de otro lugar y se comunica con personas repartidas por el mundo. Cuando se investiga, esa dispersión complica todo.

Las conversaciones pueden estar en varios idiomas y, para llevarlas a un expediente, hay que traducirlas con criterio. Una palabra mal traducida, un emoticono, una ironía, cambian el sentido de un mensaje. La defensa debe revisar tanto el texto original como la traducción que presente la acusación, y no darla por buena.

Los datos que están en la nube pueden depender de proveedores de otros países, y obtenerlos requiere cooperación entre autoridades que lleva su tiempo. Si la autoridad italiana pide información a un proveedor extranjero, el trámite no es inmediato, y la defensa debe saber qué se ha pedido y qué ha llegado.

Si la persona vive entre varios países, el control del aparato en una frontera tiene reglas distintas de las de un registro en el domicilio, y conviene saber en cuál de los supuestos se está. La coordinación entre abogados de cada país evita versiones contradictorias.

La diferencia horaria condiciona las llamadas, y el correo postal es lento; lo urgente se envía por medios digitales.

Las aplicaciones de mensajería que cifran las conversaciones añaden otra capa: lo que está en el aparato puede no estar en ningún otro sitio, y lo que el proveedor guarda puede ser muy poco. Saber qué existe y dónde permite plantear qué puede pedirse y qué no.

Cómo trabaja el estudio en asuntos con prueba digital

El estudio recibe a diario consultas de personas a las que se les ha pedido un dispositivo, y el método es siempre el mismo: se establece antes que nada qué ha ocurrido y qué documentos hay, y solo después se decide qué se hace con el aparato.

El contacto inicial es gratuito y confidencial, y puede hacerse por teléfono o por correo electrónico a avvmassimoromano@gmail.com. Basta con indicar qué cuerpo intervino, dónde y cuándo, y qué se llevaron o qué piden. Con eso se aclara el mismo día en qué fase está el asunto y qué decisiones quedan abiertas.

Cuando el caso lo requiere, el estudio propone un consultor técnico de parte, un perito en informática forense, para estar presente en las operaciones de copia y para revisar después el método. Esta designación se acuerda por escrito y con su coste, antes de empezar.

El encargo se pacta por fases. Las novedades se comunican por escrito, en español, italiano u otra lengua, y cuando hay otro país implicado se coordina con corresponsales locales. No se promete ningún resultado: se explica qué consta, qué falta y qué puede discutirse.

• Análisis del acta y del método de copia.
• Consultor técnico de parte cuando procede.
• Informes escritos de cada paso.

Cuando una persona llama estando todavía con los agentes, el consejo es breve y práctico: pedir que se le facilite el acta, no firmar nada sin leerlo, anotar los nombres de quienes intervienen y llamar de inmediato. El resto se ordena después con calma.

Preguntas que cambian el rumbo de un asunto digital

Estas preguntas rara vez se formulan en la conversación inicial y son las que más ayudan a entender dónde está el riesgo.

• ¿Debo entregar la clave, y qué consecuencias tiene hacerlo o negarme en mi situación concreta?
• ¿Cómo se hizo la copia del aparato, con qué herramienta, y quién estuvo presente?
• ¿Se puede repetir la extracción o se ha perdido la posibilidad de contrastarla?
• ¿Qué pruebas muestran que el aparato lo usaba solo yo y no otras personas?
• ¿Los mensajes que me atribuyen están completos o son extractos? ¿Qué decía la conversación entera?
• ¿Qué contenido de la nube puede alcanzar la autoridad aunque el aparato no esté en mi poder?
• ¿Cuándo me devolverán el teléfono y en qué estado, y qué hago mientras tanto?
• ¿Conviene designar un consultor técnico de parte, y con qué coste?

Conviene llevar estas preguntas por escrito y anotar las respuestas con fecha, porque en situaciones de tensión casi nadie recuerda después lo que se le explicó.

Algunas de estas preguntas no tendrán respuesta hasta que se conozca el resultado del análisis técnico, y es normal. Lo importante es dejarlas planteadas y preguntar con qué frecuencia se informará de los avances. Un teléfono puede tardar en examinarse, y la espera no significa que el asunto esté parado.

Si se descubre que parte del contenido ya no existe o no puede recuperarse, conviene comunicarlo cuanto antes al defensor, que decidirá cómo presentarlo sin que parezca una ocultación posterior.

Las palabras que aparecen en actas y extractos

Los documentos de un asunto con prueba digital emplean términos técnicos que se entienden mejor con una explicación sencilla. Estos son los que aparecen en la propia página.

• Clave: el código o el sistema de desbloqueo del aparato, cuya obligación de entrega es discutida en Europa.
• Copia forense: la reproducción del contenido del aparato por medios técnicos, un acto que no puede repetirse igual de nuevo.
• Dispositivo: el aparato físico, que no acredita por sí solo quién hizo qué.
• Extracto: la selección de mensajes que se aporta como prueba, que puede decir menos o más de lo que parece.
• Conversación íntegra: el intercambio entero, que permite comprobar el contexto de cada mensaje.
• Intervención: el hecho de que la autoridad retenga el aparato o acceda a su contenido.

Si en un acta aparece una palabra técnica que no figura aquí, se fotografía y se envía al estudio para explicar su alcance.

Hay otras palabras que merecen atención: el acta del registro, que describe qué se hizo y cuándo; la cadena de custodia, que explica quién tuvo el aparato en cada momento; y la atribución, que es la conclusión de que determinado contenido corresponde a determinada persona. Pedir al defensor que explique cada una ayuda a entender dónde se puede discutir y dónde no.